Cuauhtemoc Mávita E./periodista
Con motivo de la impugnación de la elección de gobernador en Sonora de parte del PRI, para la ciudadanía dejó de ser importante si los priístas están o no en su derecho de hacerlo, ya que en estos momentos lo que más le interesa es saber si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen una trayectoria profesional limpia que garantice un trato y una resolución imparcial, objetiva y justa a este diferendo postelectoral.
No desean que se repita la historia de inconformidades del 2003 cuando el TEPJF le dio el triunfo al priista y actual gobernador Eduardo Bours Castelo para dejar en el camino al panista Ramón Corral Avila.
Para miles de sonorenses quedó la amarga sensación que algunos magistrados “no aguantaron los cañonazos” provenientes supuestamente de grupos de poder económico y político que tenían en ese entonces puesto su interés en el gobierno de Sonora.
Esa desconfianza generaría en principio una fuerte desconfianza en el gobierno entrante y que se pusiera en tela de duda la legalidad y legitimidad del mismo no obstante el fallo del tribunal electoral que avalaba su triunfo.
En este 2009 se espera que los recursos interpuestos por el PRI y demás partidos inconformes se desahoguen apegados a las normas jurídicas, ya que es el único camino para terminar con esta situación de incertidumbre.
En otras palabras no caben el chantaje, la violencia y las campañas del odio que, de hecho, se multiplican a través de diversos medios, empezando con la Internet.
No es saludable para el estado y los sonorenses vender, como hace seis años, una elección impugnada y un futuro gobierno cuestionado. La experiencia obtenida de la elección de 2003, debilitó sobremanera al actual gobierno local y a sus instituciones, de tal manera que se redujo su capacidad de respuesta para, desde el principio, enfrentar los graves problemas políticos, económicos y sociales en que se ha visto envuelto Sonora en este último sexenio.
Sin embargo, la atipicidad de los resultados electorales los puso de nueva cuenta bajo la lupa de la sospecha y conduce a pensar que de alguna ú otra forma la voluntad popular fue violada. Eso debe probarse en los tribunales, de tal manera que estos no tengan la más mínima oportunidad de declararse incompetentes como resultó con el Tribunal Electoral Estatal y Transparencia Informativa (TEETI).
Por eso se requiere que el TEPJF falle apegado a Derecho, sea ratificando al gobernador electo Guillermo Padrés Elías ó bien anulando la elección si hay elementos para ello. Esto implica que los magistrados no deben doblegarse a las presiones provenientes del gobierno estatal y federal, de los partidos políticos y de grupos que desde hace décadas reclaman en cada elección gobiernos a su medida y no los que exige la ciudadanía.
El fallo del TEPJF, sea cual fuere si es apegado a Derecho contribuirá en gran medida a recuperar la credibilidad de la población, en este caso los sonorenses, en las instituciones facultadas para impartir justicia, ya que en lo que respecta a los partidos políticos el nivel de confianza es deprimente, pues solo un 4 por ciento continúa creyendo que estos como un “mea culpa” le pedirán perdón a los ciudadanos por no representarlos dignamente.
Los gobernados exigen que en el gobierno haya elementos que resuelvan los problemas de la gente, sin importar las siglas de los partidos políticos a los que pertenezcan. Así de fácil.
Con motivo de la impugnación de la elección de gobernador en Sonora de parte del PRI, para la ciudadanía dejó de ser importante si los priístas están o no en su derecho de hacerlo, ya que en estos momentos lo que más le interesa es saber si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen una trayectoria profesional limpia que garantice un trato y una resolución imparcial, objetiva y justa a este diferendo postelectoral.
No desean que se repita la historia de inconformidades del 2003 cuando el TEPJF le dio el triunfo al priista y actual gobernador Eduardo Bours Castelo para dejar en el camino al panista Ramón Corral Avila.
Para miles de sonorenses quedó la amarga sensación que algunos magistrados “no aguantaron los cañonazos” provenientes supuestamente de grupos de poder económico y político que tenían en ese entonces puesto su interés en el gobierno de Sonora.
Esa desconfianza generaría en principio una fuerte desconfianza en el gobierno entrante y que se pusiera en tela de duda la legalidad y legitimidad del mismo no obstante el fallo del tribunal electoral que avalaba su triunfo.
En este 2009 se espera que los recursos interpuestos por el PRI y demás partidos inconformes se desahoguen apegados a las normas jurídicas, ya que es el único camino para terminar con esta situación de incertidumbre.
En otras palabras no caben el chantaje, la violencia y las campañas del odio que, de hecho, se multiplican a través de diversos medios, empezando con la Internet.
No es saludable para el estado y los sonorenses vender, como hace seis años, una elección impugnada y un futuro gobierno cuestionado. La experiencia obtenida de la elección de 2003, debilitó sobremanera al actual gobierno local y a sus instituciones, de tal manera que se redujo su capacidad de respuesta para, desde el principio, enfrentar los graves problemas políticos, económicos y sociales en que se ha visto envuelto Sonora en este último sexenio.
Sin embargo, la atipicidad de los resultados electorales los puso de nueva cuenta bajo la lupa de la sospecha y conduce a pensar que de alguna ú otra forma la voluntad popular fue violada. Eso debe probarse en los tribunales, de tal manera que estos no tengan la más mínima oportunidad de declararse incompetentes como resultó con el Tribunal Electoral Estatal y Transparencia Informativa (TEETI).
Por eso se requiere que el TEPJF falle apegado a Derecho, sea ratificando al gobernador electo Guillermo Padrés Elías ó bien anulando la elección si hay elementos para ello. Esto implica que los magistrados no deben doblegarse a las presiones provenientes del gobierno estatal y federal, de los partidos políticos y de grupos que desde hace décadas reclaman en cada elección gobiernos a su medida y no los que exige la ciudadanía.
El fallo del TEPJF, sea cual fuere si es apegado a Derecho contribuirá en gran medida a recuperar la credibilidad de la población, en este caso los sonorenses, en las instituciones facultadas para impartir justicia, ya que en lo que respecta a los partidos políticos el nivel de confianza es deprimente, pues solo un 4 por ciento continúa creyendo que estos como un “mea culpa” le pedirán perdón a los ciudadanos por no representarlos dignamente.
Los gobernados exigen que en el gobierno haya elementos que resuelvan los problemas de la gente, sin importar las siglas de los partidos políticos a los que pertenezcan. Así de fácil.
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